El Uruguay que nos mienten II

EL REFERENDUM DE 1989

Corría 1984 y la dictadura militar instaurada en 1973 con aceptación y complicidad de buena parte del sistema político se derrumbaba. No sólo porque las protestas populares habían alcanzado una dimensión nunca imaginada por propios y extraños (y que ninguna represión podía detener, todo lo contrario), sino porque también -y no es un dato menor- el gran capital y los poderosos de todo signo -tanto de aquí como de afuera- veían que no daba para más y le quitaban su apoyo. Por si quedara alguna duda, el desastre financiero de la "tablita" de 1982 había demostrado que había que cambiar de política y le había retaceado todo posible apoyo de las clases medias y altas. En fin, la situación era insostenible y no podía esperarse otra cosa que empeorara (para los militares que pretendían mantenerse atornillados).

Desde 1982 había habido una serie de contactos entre gobernantes y dirigentes políticos de los partidos tradicionales para intentar una transición hacia la democracia. Las condicionantes impuestas por los dictadores eran muchas: pretendían mantenerse en un puesto cercano al poder, influyendo sobre las decisiones a tomar y excluyendo incondicionalmente a toda la izquierda uruguaya y cualquier otro sector que se le pareciera, incluso Wilson Ferreira Aldunate, máximo dirigente blanco. Varios políticos estaban dispuestos a aceptar -especialmente los colorados- pero fueron obligados a rechazar las condiciones, para no quedar aislados.

Finalmente, en 1984 liberaron al Gral. Seregni y con ese gesto, los milicos aceptaban la existencia de la fuerza política que habían querido aniquilar. Sorpresivamente, se echan a andar unas nuevas conversaciones con el FA junto a los colorados como interlocutores, quedando el Partido Nacional afuera, por la proscripción de Wilson.

¿Era obligatorio negociar con la dictadura una transición o había que dejar que se derrumbara sola, como todo parecía indicarlo?. ¿Se debían aceptar condiciones por parte de quienes habían usurpado el poder por la fuerza y ahora no sabían que hacer con él y nadie los quería?. ¿Estuvo bien el Frente en negociar en vez de unirse a los blancos y aislar al Partido Colorado?. ¿Si hubieran levantado la proscripción a Wilson, los blancos hubieran dejado de negociar?. ¿Estuvieron bien los frentistas en aceptar unas elecciones donde Sanguinetti no competiría contra sus dos máximos rivales?. Lindas preguntas.

LLEGÓ LA DEMOCRACIA...
Y con ella la realidad innegable de que -con el poder omnímodo- se habían cometido todo tipo de atropellos, excesos y delitos por parte de quienes habían abusado del Estado durante 11 largos años. Parecía evidente que no bastaba con la lógica medida de liberar a los presos políticos y restituir a quienes habían perdido su trabajo por militar en un partido legal que no le gustaba a los dictadores. Había -básicamente- dos tipos de acciones que, indudablemente en cualquier país que se pretenda civilizado eran delitos penales, agravados por el hecho de haber sido cometidos con la ayuda del aparato estatal: delitos económicos y delitos contra los derechos humanos.

De los primeros NUNCA se investigó nada y ahí están de lo más panchos, quienes se enriquecieron ilícitamente para vergüenza de los que defienden esta transición. Otro tema fueron los torturados, asesinados y desaparecidos.

Cuando el Poder Judicial iba a citar a los acusados de gravísimas violaciones a los DDHH, buena parte del poder político se apresuró a buscar una chicana que permitiera no juzgar a TODO militar acusado de CUALQUIER delito cometido en la dictadura. En realidad, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado dejaba afuera a los delitos económicos señalados y a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero los mismos sectores que votaron la ley se encargaron de que tampoco se investigaran.

EL VEREDICTO POPULAR... SI ME CONVIENE
Los partidos tradicionales -que festejaron ruidosamente en 2009 que no prosperara el intento de anular la ley- suelen usar como pretexto que la Ley llamada de Impunidad fue aprobada por la ciudadanía. Lo cual es cierto, pero se olvidan cuidadosamente de referir las condiciones en que se votó en 1989.

En primer lugar, el referendum para eliminar a la Ley de Impunidad fue promovido por una Comisión que debió dedicarse a la demencial tarea de juntar las firmas apoyando la medida del 25% (!) de la ciudadanía. Las presiones para que no firmara la gente fueron inmensas (en todo tipo de empleados públicos, incluyendo militares y policías), los rumores de golpe de Estado, diarios (¿iban a agarrar de vuelta?) y la censura en los grandes medios de comunicación hacia los promotores de la iniciativa (que en realidad era para que la ciudadanía pudiera decidir libremente si mantenía o no la ley), total.

Pero hay otra perlita para este collar: a medida que se iban presentando las firmas de quienes apoyábamos la convocatoria, la Corte Electoral -en su mayor agachada de un órgano habitualmente confiable- desechó un enorme número de firmas argumentando que no eran las originales, confrontadas con las de la credencial, poniéndose al servicio de los intereses de quienes defendían la transición impune y no de la legalidad. Sin ir más lejos, a mi madre le anularon la firma -que sigue siendo asombrosamente igual que cuando tenía 18 años- porque en 1989 agregó su apellido de casada...

Pese a todo, hubo referendum. La propaganda a favor de mantener la ley -el voto amarillo- fue de terror por la vuelta de los tupamaros y sus atentados, del comunismo y el marxismo. La del voto verde, de esperanza y de igualdad ante la ley.

En ningún momento, los sectores blancos y colorados que defendieron la ley negaron la autoría de los delitos. Sólo argumentaron que los militares se negarían a ser juzgados. Desde 2005, se les está demostrando que no era verdad.