23 de marzo de 2012

El Uruguay que nos mienten 5

EL PACHECATO

La derecha, cuando intenta condenar los delitos y actos terroristas del MLN (cosa que jamás hace con los de las F.F.A.A.) generalmente menciona que se alzaron en armas contra un gobierno democrático, lo cual es rigurosamente cierto. Lo que se olvidan de agregar es qué tipo de gobierno democrático había en ese entonces.

Al ganar el Partido Colorado las elecciones de 1966, Reforma Constitucional incluída que eliminaba el extraño sistema de un Ejecutivo Colegiado que se demostró un formidable mecanismo para trancar todo cambio en el gobierno del país, asumió como presidente el General (R) Oscar Gestido, quien murió al año de ejercer el cargo. Esa breve permanencia le ha permitido ser bastante olvidado por la historia nacional, pero lo cierto es que su presidencia se caracterizó por el autoritarismo. Gestido clausuró medios de prensa por criticar a su gobierno, implantó Medidas de Seguridad (como si hubiera una guerra o un desastre natural) ante las movilizaciones de los sindicatos e incorporó, como nunca se había visto antes, a los representantes de los principales ganaderos y banqueros del país, algo resistido firmemente por varios sectores de su propio Partido.

El vicepresidente que asumió al morir Gestido no fue otro que Jorge Pacheco Areco, un oscuro diputado que había sido elegido para completar la fórmula presidencial después de ser descartadas otras figuras de más peso dentro del Partido. Su política no varió en absoluto: represión a quienes consideraba sus enemigos. Por ejemplo, fueron militarizados los empleados públicos que hacían huelga, ilegalizados varios sectores políticos partidarios (incluyendo el Partido Socialista) e, incluso, llegó al absurdo de prohibir -ya que prohibiciones y represiones eran sus más frecuentes actos ejecutivos- utilizar determinadas palabras para referirse a los guerrileros y sus acciones.

En realidad, la política llevada adelante por los colorados de la UCB era la misma que habían implantado los blancos en sus dos períodos constitucionales en que gobernaron, a pesar de que en cada uno de ellos fueron distintas fracciones las que tuvieron la mayoría: sumisión acrítica y entusiasta a todas las directivas neoliberales del FMI y apelación a las mencionadas Medidas Prontas de Seguridad previstas constitucionalmente para otro tipo de situaciones que las protestas populares.

Buena parte de la cultura social uruguaya iba deslizándose progresivamente hacia el autoritarismo y la intolerancia, en muchos de sus sectores. La convivencia democrática parecía cosa de "débiles" y de "poco patriotas". Las invocaciones a las "manos duras" y las acusaciones -no del todo infundadas- repartidas a troche y moche sobre la intervención en nuestro país de las super potencias que se toreaban en la llamada "Guerra Fría" eran cosas de todos los días.

La situación económica era desastrosa: terminada la bonanza de las ventas ganaderas a los países en guerra, nada se había hecho por el desarrollo de la producción en Uruguay y la inflación superaba el 100 % año a año, mientras descendía vertiginosamente el salario real de los trabajadores. Ante eso, empresarios e industriales  exigían represión a las movilizaciones sindicales y sociales, que se materializaba en apaleamientos y balazos en las calles y torturas en los cuarteles. 

El Poder Ejecutivo solía desconocer las resoluciones de los otros poderes (tanto el Legislativo como el Judicial) que no sirvieran a sus intereses. Eso parecía en aquellos tiempos un símbolo de "firmeza" o "energía". El autoritarismo avanzó, año tras año, mientras Pacheco aprovechaba la debilidad general de la oposición fragmentada y dividida (buena parte de los blancos apoyaban al gobierno) e incluso los legisladores oficialistas recurrían al curioso recurso de abandonar las sesiones para no dar quorum cuando se convocaba a un debate que podía poner en aprietos al pachequismo.

No defiendo la lucha armada que se vivió aquí entre 1966 y 1971, pero antes de condenarlos hay que tener en cuenta muchos factores habitualmente silenciados de la situación general del país, que no recibía respuestas de las instituciones formales las cuales, no dejaban lugar a las opiniones disidentes de las del poder ni jugaban limpio cuando podían perder una votación, como lo demostraría la elección presidencial de 1971.


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