¿Redactan sentencias o emiten votos?

Hasta el fin de la dictadura -digamos, 1984- todos los profesionales universitarios se formaban en la UDELAR, gratuitamente, bancados por los impuestos que pagábamos todos. La idea era que -supongo- que quienes se podían formar y acceder a una preparación (y un título) terciario que les permitiera ganarse la vida mejor que quienes no podíamos hacerlo, después devolvieran sus conocimientos a la sociedad que los había financiado. Médicos, arquitectos, ingenieros y tantos otros profesionales nos -por decirlo de alguna manera- asesorarían técnicamente para mejorar nuestras vidas y no se transformarían en unas élites soberbias que pretenderían erigirse por encima de los que no tuvieron la suerte (el privilegio) de ser un "dotor". Cuánto de ésto último ha ocurrido, es motivo de discusión.

La profesión de abogado es, por cierto, bastante particular. Andan por allí millones de chistes sobre ellos, sobre cómo se esfuerzan en joder a todo el mundo, con sus enredos y sus trapisondas. Cuánto de esto es una exageración y cuánto es verdad, queda a criterio de cada uno, de acuerdo a sus experiencias. Habrá de todo, como en cualquier otra profesión.   

No hay ciencia aséptica. Las ideas políticas y sociales de cada contador o de cada psicólogo determinan la manera de realizar su labor. Algunos dedican generosamente parte de su tiempo en trabajo honorario para los que más necesitan; otros intentan encaramarse entre los preferidos de los prvilegiados y, en el medio, están los que ni tanto ni tan poco, sino que más o menos. Pero, más allá de eso, uno supone que un médico lo atiende a uno según un criterio científico y lo trata de curar lo mejor posible, más allá de lo que piense sobre este mundo.

Varias de las decisiones bastante polémicas -y sesgadas- de la Suprema Corte de Justicia nos dan que pensar en si la defensa cerrada de la impunidad total para los culpables -de hecho, reconocidos al ampararse en la prescripción de los delitos- es por razones técnicas o porque ellos, personalmente como ciudadanos, están a favor de la no investigación bajo ninguna circunstancia de ninguna de las gravísimas violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Posición que es -salvo contadísimas excepciones- la que han asumido ambos partidos tradicionales en forma casi monolítica. O sin casi.

Se puede pensar que los integrantes del máximo orden del Poder Judicial tienen una opinión jurídica a favor de la prescripción de los delitos militares por razones estrictamente profesionales. Seamos generosos y pensemos eso. Pero el inexplicado traslado de la jueza Motta -quien, como la fiscal Guianze, sin salirse del marco técnico, avanzó mucho por el camino contrario al de la SCJ y los blanquicolorados- no ayuda nada a que creamos en la asepsia de sus decisiones. Lo del apartamiento de la jueza que investigó correctamente es una mancha innegable en la confianza que nos puedan dar los cinco integrantes de la Corte. Se parece demasiado a un abuso de poder para beneficiar a determinadas intencionalidades políticas y muy poco a la función para que les pagamos el sueldo a esos Ministros.

Ministros que, no hay que olvidarlo, para ser elegidos en sus funciones deben ser votados por los legisladores. Más de un juez en un pasado no tan remoto -y en democracia, por cierto- fue vetado por el Partido Rosado sin ninguna razón clara y muchos ascensos han demorado en el Poder Judicial sin que sepamos los motivos, a menos que pensemos mal y revisemos si esos postergados han molestado a impunes, poderosos o jerarcas. En cambio, al fiscal Moller que votó para cerrar el caso de Macarena Gelman sin razón evidente, no sólo se lo ascendió rápidamente sino que también se le votó una ley especial con nombre y apellido que permitía, insólitamente, que trabajara para un diputado blanco al mismo tiempo que mantenía su jugoso sueldo en los juzgados.

La pregunta es: ¿tenemos alguna garantía en nuestro país de Justicia por parte de las autoridades del referido poder o abusan a discreción de sus jerarquías de acuerdo a sus intereses?.